Protección de la infancia: Un derecho sin fronteras

La abstención del Gobierno de firmar el Pacto Mundial sobre Migración abrió el debate sobre cómo se sitúa de Chile ante este fenómeno. Este pacto, propuesto por la ONU, se convertía en una oportunidad para mejorar la gobernabilidad de los estados sobre la migración y afrontar los desafíos asociados con ésta.

Los argumentos esgrimidos fueron variando y han tenido como fondo si la decisión es normativa o estrictamente política.

Estando abierto el espacio para el debate y las contribuciones nos parece clave mencionar que en conformidad con lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), ratificada por nuestro país en el año 1990, que “todo Estado Parte debe respetar y asegurar los derechos enunciados en este instrumento internacional a todo niño/a sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales”.

Asimismo, como ha recordado el Comité de los Derechos del Niño, las obligaciones de nuestro país en virtud de la CDN se aplican para todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren dentro de su territorio y a los que estén por otro concepto sujetos a su jurisdicción. Y lo más significativo, estas obligaciones a cargo del estado no pueden ser arbitrarias y ni recortadas y deben ser aplicadas dentro de las fronteras del país, incluso con respecto a los niños que queden sometidos a la jurisdicción del Estado al tratar de penetrar en el territorio nacional.

Por tanto, la garantía de los derechos estipulados en la CDN no está limitado a los niños nacidos en el país, de modo que son también aplicables a todos los niños, sin excluir a los niños y niñas que requieren de asilo, refugiados, migrantes y víctimas de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes.

Es claro que lo relevante desde el enfoque de derechos es que debe haber un marco de protección en el que el “ser niño” prime sobre el hecho de ser “migrante”, “refugiado” o “víctima de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes”, generando así un marco regulatorio de la migración en concordancia con el principio de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

En este marco, logramos consolidar una enriquecedora colaboración en la que cuatro instituciones pondrán sus conocimientos y habilidades a disposición de un estudio que intentará dibujar la realidad de niños y adolescentes migrantes tanto en el norte de Chile como en la Región Metropolitana.

Se trata del “Estudio Exploratorio de Caracterización de Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes y sus Familias en las Regiones de Antofagasta y Metropolitana” para el cual el miércoles 12 se firmó el convenio entre el Centro de Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica, Unicef Chile, Fundación World Vision y Fundación Colunga.

El objetivo del estudio es explorar el estado de la inmigración infantil a fin de caracterizar a los niños, niñas y adolescentes en el contexto migratorio de América Latina y el Caribe en Chile y sus condiciones respecto a vulneración de derechos, factores de riesgo específicos y su acceso al sistema de protección social.

Es clave entender que la niñez migrante es una niñez que tiene doble vulnerabilidad. Uno es su condición de ser niño y además de tener una condición adicional (de no ser del país o no tener padres que no son del país), eso le da una condición de factor de riesgo y debemos entender cuál es su problemática para poder dar una solución mejor y de calidad.

Esperamos que esta investigación sea uno de muchos esfuerzos por conocer en profundidad las dificultades que enfrentan los niños y niñas migrantes en nuestro país y poder responder de manera positiva, siempre con un enfoque de protección y garantía de sus derechos.