Aula Segura, un proyecto de ley presentado por el Gobierno que busca darle mayores facultades a los directores para reaccionar frente a expresiones de violencia graves, y que será sometido a aprobación próximamente por la Cámara de Diputados, ha estado en la palestra durante el último tiempo debido a episodios violentos que han tenido como escenario el INBA (Instituto Nacional Barros Arana).
Este proyecto ha hecho que varios sectores de la sociedad reaccionen en diversos medios de comunicación. Por un lado, se sostiene una posición que valida Aula Segura, afirmando que es necesario que el gobierno pueda ejercer mayor control sobre la violencia que sucede dentro de los establecimientos educacionales, ya que no sólo están aquellos que son directamente afectados, si no que se ve perjudicada toda la comunidad escolar, desde los estudiantes, pasando los trabajadores del establecimiento y terminando en los mismos adultos responsables que pertenecen a ese colegio. Desde esta perspectiva, aparecen ejemplos como aquellos profesores que han sido agredidos gravemente por estudiantes y han tenido que seguir relacionándose con ellos, dado que el establecimiento no tiene las facultades suficientes para separarlo de la comunidad estudiantil, provocando consecuencias psíquicas en los docentes y dejando impune al victimario.
Por otro lado, aquella parte de la sociedad que se muestra en desacuerdo con Aula Segura, mira estos actos de violencia cometidos en el INBA, como el síntoma de un descontento generalizado por parte de la comunidad estudiantil frente un sistema educacional que es carente en muchos aspectos. Además, se recalca que aquello que está dentro de la definición de “hecho grave de violencia” ya se encuentra considerado como un acto de vandalismo por la legislación chilena, causando que los puntos que aborda este proyecto sean redundantes. En último término, se critica al gestor del proyecto, el Gobierno, acusándolo de generar una relación entre vandalismo y la comunidad estudiantil, provocando que este último grupo sea percibido de forma negativa por la opinión pública.
Nosotros, lejos del sesgo político que tienen ambas posiciones, creemos que es importante entender que la violencia vivida en los establecimientos educacionales es el resultado de varios factores. Entre esos aparecen los estilos de crianza que ocupan actualmente las familias chilenas, los que legitiman el castigo físico y psicológico, como una forma de conseguir un cambio de conducta. Esa relación que se establece entre el castigo y el cambio, se vuelve a repetir en un entorno escolar que es hostil, validando la violencia como una forma de relacionarse, que se replica en toda la comunidad escolar. Si bien este proyecto de ley podría restituir ciertos derechos de los participantes de los establecimientos educacionales, hasta que no se aborde el problema de la violencia en los colegios desde una perspectiva integral, es posible que este tipo de hechos sigan sucediendo.
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